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Podríamos decir que las normativas existente en el país quedan en papeles nominales ante los cuales las instancias gubernamentales encuentran resquicios para vulnerar la norma y atender otro tipo de intereses, en el peor de los casos vinculados a corrupción o los famosos diezmos. En este sentido, sin duda se trata de acciones muy desleales con las y los productores locales y sus propios municipios porque estos serían quienes salen afectados. También podríamos considerar en algún sentido los requisitos que se exigen para la postulación y adjudicación que posiblemente sean otra traba en este intento, ante esta situación y la inexistencia de proveedores legalmente establecidos, en algunos municipios no queda otra opción que buscar en otros espacios o productores mas grandes que sí cumplan estos requerimientos administrativos.
La alimentación complementaria escolar es un medio para fortalecer a la comunidad desde varios puntos de vista; en este sentido, el potenciamiento de la economía local se centra en parte fundamental de este proceso. Con lo antecedido, mediante la vinculación de la alimentación complementaria escolar con las compras pública y los datos abiertos se puede tener una mayor transparencia respecto de quiénes son los proveedores en este importante porcentaje de contrataciones estatales que se realizan año tras año. Asimismo puede servir para “direccionar” de mejor manera las contrataciones hacia productores locales lo que significaría mayores ingresos económicos y que se logre inversión estatal en los municipios potenciando el movimiento económico. Con todo ello, es importante enlazar estos elementos que giran en torno a la alimentación complementaria escolar con procesos mas administrativos pero que están muy vinculados a varios otros temas como la seguridad alimentaria, a la mejora de alimentación saludable, incluidos temas culturales donde se valoriza alimentos tradicionales y milenarios propios de cada contexto.
Sin duda, las contrataciones abiertas son una manera sugerente de transparentar la información y ampliar el acceso a la información.En este sentido, se requiere cierto margen de tiempo para dar a conocer, y capacitar, a las personas en esta perspectiva ya que todavía perdura una lógica de manejo de la información, casi, discrecionalmente y se tiene presente ciertas restricciones y obstáculos para que la ciudadanía acceda a la misma. Por tanto, debe haber un proceso de socialización para que las personas, comenzando de servidores públicos, comiencen a interiorizar sobre esta temática y generar una cultura de manejo de información más pública y abierta.
Entre las dificultades se encuentran la propia cultura ciudadana que existe, muy vinculada a la burocracia, que no comprende la importancia de manejar contrataciones abiertas y el derecho a la información que tiene la ciudadanía. En este sentido, se debe hacer un énfasis en procesos de capacitación de servidoras y servidores públicos para que sean los principales generadores de un cambio en la lógica de la administración de la cosa pública lo cual repercuta en un cambio de la cultura ciudadana respecto de la gestión.
