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Al momento de aplicar las normas existen diferenciales de poder que facilitan la elección por procesos abreviados en favor a empresas instaladas en el medio o actores relacionados -por clientela, deuda, favor político o familiar- a la MAE. Esto provoca que en tanto el control social sea laxo, la información sea más difícil de analizar global y específicamente, y los intereses sectarios prevalezcan sobre los sociales, o aun los técnicos, la aplicación estará comprometida. Si bien existen casos y ámbitos en que las MAE se orientan hacia el uso de las normas disponibles con la intención de fomentar el crecimiento local-regional, estos pueden ser relacionados con una mayor participación de la población en sus procesos deliberativos y la consecuente responsabilidad efectiva de la MAE. Esta situación es menos habitual en los municipios que concentran más población, por lo cual las compras directas, menores o con aplicación de la ley 622 pueden estar -y han estado- vejados por conductas contrarias al interés público o local. Si algún beneficio trae consigo la pandemia es la criticidad aumentada a los procesos de contratación del Estado, y la mayor alfabetización digital que probablemente fomentara el control social en estos procesos.
Los tres aspectos son relevantes a la hora de considerar las contrataciones -en particular de alimentos para el medio escolar- como herramientas de intervención y desarrollo local. En el caso de los productores locales y nacionales la gama de beneficios potenciales del uso de datos abiertos incluye una mayor posibilidad de acceder a información relevante, cumplimentar los requisitos técnico legales y las redes de contacto que se pueden establecer entre productores, agentes institucionales y sociedad civil. Sin embargo, mas alla de la posibilidad brindada por las normas, la concreción de esta depende de los esfuerzos en dialogo constructivo y ejecución coordinada de agendas publicas que promuevan espacios de interacción y desarrollo local, regional y nacional; dando lugar a pequeños productores locales, fomentando su organización y facilitando asi el autoabastecimiento de las municipalidades en la medida de lo posible. Esto no solo cursa por las bondades en materia financiera, sino por la posibilidad de incidir en el acervo cultural y nutricional desde instancias institucionales -principalmente las escuelas- de forma consensuada, informada y progresiva, hacia el mejor aprovechamiento de las riquezas agroalimentarias de nuestros diversos contextos. Si se coordinan la información, la capacidad de adquisición institucional y el medio escolar, lo anterior es viable en un mediano plazo.
La viabilidad tecnica esta dada, existen profesionales, asociaciones civiles y medios tecnologicos para promover, implementar y fiscalizar los procesos de contratacion publica acorde a los estandares de OCDS, el asunto central es el choque entre las formas de gestion. El Estado boliviano esta organizado como una burocracia, con alguno que otro atisbo de gestion humanista, pero en todo caso lejano de un modelo abierto que se oriente a innovacion y desarrollo desde la agencia ciudadana como algo mas que medios discursivos. Esto se evidencia en que a pesar de que existen profesionales de calidad al interior de las dependencias del Estado, la rectoria y en ultima instancia la normatividad estan bajo intereses sectarios -de uno u otro tinte- lo que condiciona la aplicacion de politicas que empoderen y reduzcan la dependencia del ciudadano a la autoridad. Que los mismos archivos publicos no tengan un procedimiento de conservacion sistematizado para todas las oficinas publicas, y que la tendencia a padrinazgos aun permea los procesos de decision en las contrataciones sin alcanzar consecuencias sustantivas para sus participes, obstaculiza la concrecion de tal aplicacion.
Para revertir tal situacion las condiciones de la pandemia sumada a la crisis de legitimidad politica es idonea, permite a las asociaciones y profesionales formar estructuras aliadas que ofrezcan alternativas de gestion, que en este caso ademas son necesarias por la incertidumbre del momento historico social. Si se aprovecha bien la presion ejercida sobre los organos del Estado en visperas electorales puede inducir a la aplicacion -cuanto menos normativa- de mas principios de OCDS, ampliar la base de oferentes registrados en el SICOES, difundir informacion de manera activa a traves de concursos de ensayistas por categorias formativas entorno a los datos disponibles en este, y reforzar las responsabilidades administrativas y penales de los casos de inconsistencias intencionales en los procesos de contratacion. Si bien no es lo mejor que este proceso surja de presiones politicas, es un medio util para aprovechar el impulso contextual y dar el salto.
