Respuestas de foro creadas
-
Entradas
-
Pese a que en nuestro país existen normativas favorables para realizar compras locales y directas en términos de alimentos, su implementación no es generalizada. ¿A qué se debería esto?
R. Cosnidero que si bien la norma es bastante adecuada al contexto actual, es necesario hacer algunos ajustes y actualizaciones, pero considero que son dos factores los principales por los que no se generaliza su implementación:
1. Falta de voluntad política para la reglamentación a nivel municipal de la ley 622, esto por razones varias, desde corrupción por tráfico de influencias con grandes proveedores en procesos de contratación poco transparentes hasta temor de los técnicos municipales a “procesos administrativos” por errores en los procesos de contratación debido a desconocimiento de la norma, o “facilidad” en el proceso de contratación a empresas grandes que cuentan con todos los requisitos (SENASAG, factura, boletas de garantía y otros).
2. Debilidad asociativa en las estructuras de pequeños productores (OECAS, OPES, comunidades, etc) a nivel organizativo, productivo como logístico, la parte dirigencial tiene deficiencias en las capacidades de negociación y gestión para el cumplimiento de requisitos, no tienen una capacidad de producción estable y constante en volumen, frecuencia y calidad (tamaño, peso, empaque, etc.) y muchas dificultades con la logística (principalmente medios de transporte y condiciones adecuadas para las entregas puntuales)Considero que en primer lugar se debe cambiar la mentalidad de las personas en general en este caso específicamente de las autoridades de turno, considerando que con esta implementación, se transparentan los procesos de contratación, y se verían afectados “intereses personales”, relacionados con la corrupción, tráfico de influencias y otros. En la parte técnica, el proceso de ajuste de normativa, capacitación de profesionales, creación y acceso a plataformas, socialización a la población en general del uso y beneficio (generar la necesidad del uso o demanda), demoraría unos 10 años al menos, en caso de declararse como una prioridad nacional, unos 5 años, (pero es poco probable que este sea el caso).
