En la leccion 1, hemos logrado reconocer las múltiples peculiaridades de una compra publica de alimentos. En tu opinión, ¿cuál es la relación entre las compras públicas, la alimentación complementaria escolar y el libre acceso a datos de contratación?

La alimentación complementaria escolar en Bolivia (ACE) se encuentra bajo responsabilidad de los diferentes niveles del Gobierno y se encuentra dentro el alcance regulatorio del Estado de compras estatales. Particularmente los Gobiernos Municipales deciden que comprar y a quien comprar.

En términos de presupuesto público, representan una parte importante del total de compras públicas, en la gestión 2011 alcanzaron un nivel mayor a Bs1.400. Normativamente, las compras para la ACE se sujetan a las disposiciones de contrataciones estatales vigentes, lo cual no es totalmente ventajoso para los pequeños emprendedores y productores locales, particularmente del área rural, periurbana. También estas contrataciones se deben adecuar a las regulaciones técnicas, impositivas, de salubridad y otras aplicables a las contrataciones públicas (requiriendo gestiones de SENASAG, NIT, RUPE y otros). En este contexto, se considera necesario seguir apoyando en aspectos técnicos y de gestión a los emprendedores, productores y comunidades de áreas menos favorecidas e ir avanzando hacia una flexibilización de la normativa de compras públicas a fin de que se adecue a las particularidades de las contrataciones de la ACE.

El acceso libre a datos de contratación apoyaría a promover la transparencia en las compras. Fortalece los derechos de participación y decisión de la ciudadanía (incluyendo área académica, potenciales compradores, ofertantes, beneficiarios finales, comunidades y sociedad en su conjunto) a lo largo del proceso de contratación abierta desde la planificación, licitación, adjudicación, contratación, hasta la implementación (que incluye la supervisión en la provisión del servicio). Esto requiere el compromiso de todos los participantes del proceso incluyendo a la sociedad civil y los diferentes niveles del Estado para fortalecer la capacidad de negociación de los pequeños emprendedores y productores, promover la articulación multisectorial, lograr un mayor monitoreo de presupuestos públicos y apertura de datos y contrataciones de la ACE.