Su implementación no es generalizada, ya que los posibles proveedores “locales” desconocen la información sobre dichas normativas para favorecer las compras del mismo lugar (no todos pero, en su gran mayoría si) además estos están inmersos de algunos requisitos, no son demasiado numerosos. Si embargo las instituciones públicas suelen contratar al mismo proveedor año tras año, alejando a los pequeños productores, a pesar de tener el 45% de preferencia.