Las normas que reglamentan las compras locales, implican la presentación de gran cantidad de documentos y procedimientos administrativos que en la actualidad resultan de difícil comprensión y alcance para productores agrícolas rurales de cada localidad, quienes están habituados a producir y vender directamente en el mercado informal, sin más documentación requerida de por medio.
La baja escolaridad de los productores les dificulta el acceso a las compras públicas, para las cuales se necesita mínimamente: saber leer bien, manejar internet (para entrar al sicoes), manejo de paquetes informáticos (para poder elaborar sus propuestas), y conocer de trámites administrativos y legales (sacar Nit, Fundempresa, Senasag, boletas de garantía entre muchos otros). Todos estos, son obstáculos para el pequeño productor, que se ve obligado a vender directa y fácilmente su producción a las grandes empresas para que estas las industrialicen y puedan así recién llegar a los programas de alimentación complementaria escolar.
Adicionalmente a esto, los bajos precios que algunos municipios pagan por cada ración, obliga a las industrias, con capacidad administrativa de participar de los procesos de contratación, a buscar materias primas de bajo costo, lo cual, va en desmedro del productor local que prefiere llevar su producto al mercado informal y no a la industria, por lo cual las empresas industrializadoras terminan utilizando materia prima importada o de menor calidad.
Los municipios requieren altos estándares de calidad, y que se cumplan con gran variedad de requisitos que no son sencillos de cubrir por pequeños productores locales, por lo cual la normativa se convierte en un punto de burocracia que entorpece en muchos casos la diversificación de los oferentes locales.
Además de que la continua politización del alimento Complementario escolar, causa que este se vea envuelto en las continuas trifulcas entre los bandos de gobierno y oposición, generando en ocasiones observaciones y problemas irrelevantes en ocasiones. Situación que también auyenta al pequeño productor.
Adicionalmente, el control social, en ocasiones se ha convertido en el fiscalizador corrupto que busca aprovecharse de la situación para sacar provecho, las juntas escolares se convierten en enemigos del proveedor que no cumple con las exigencias de dar regalos u otros solicitados a cambio de hacer quejas que puedan terminar en multas o difamación de las empresas en la prensa.

A mi parece, son estas situaciones, entre otras, que impiden que las compras locales se generalicen.