Según mi perspectiva, la implementación de los criterios de Contrataciones abiertas en un proceso de contratación pública boliviano en el corto plazo es inviable y una medida muy adelantada para nuestra sociedad, dado que el uso de los servicios informáticos del Estado se ve con serias deficiencias y aun procesos burocráticos en la elaboración de dichos sistemas públicos y la información no es compartida de manera abierta con la población. Por otro lado, los OCDS permiten la divulgación de datos lo cual es una característica de un gobierno electrónico y libre. Sin embargo, la coordinación entre base de datos del gobierno estatal, departamental y municipal no son compartidos entre sí, ocasionando problemas en el acceso libre a la información y perjudicando las contrataciones públicas.