Entendemos en principio la necesidad de reconocer la “necesidad” de la alimentación complementaria escolar desde un sentido de que este sistema puede facilitar una mejora en los niveles de desnutrición de los alumnos (en teoría, puesto que en algún caso puede ser la única alimentación estructurada en base a valores nutricionales en relacion a su adecuación a costumbres alimenticias y otras), no necesariamente significa que estos productos hayan sido testeados en características “organolépticas” de los mismos adecuados al publico consumidor, así como el formato de empaques y distribución, etc. que impactan en la aceptación o no por los alumnos (se consuman en resumen) y que sean o no efectivos al objetivo general, así como la posibilidad de existencia de niños con algún tipo de problemas como reacción a productos lácteos, gluten y otros (el producto es estandarizado y no se hace un seguimiento a estos posibles temas).
En la mayoría de los casos la adquisición de estos productos se basa en un “estudio previo” nutricional a cargo de expertos que sugieren opciones alimentarias y por otro lado las empresas/productores que elaboran la oferta de los mismos (esto obviamente en los municipios “grandes” o que pueden tener acceso a este soporte de expertos en nutrición), sin embargo los municipios mas pequeños y rurales en su mayoría copian estos sistemas de manera directa incluyendo los productos como son solicitados por los municipios mayores y en algún caso no se adecuan a las costumbres del sector, la estacionalidad de los productos o el acceso mismo de los proveedores posibles a la zona en cuestión.
Los municipios por su parte incluyen en su presupuesto anual las compras publicas para la alimentación complementaria escolar, en varios de los casos estas “compras publicas” inician procedimientos de compras, a finales de los meses de la gestión anterior y en casos mas críticos una vez ya iniciadas las clases, estos procesos (especialmente en municipios mas pequeños interurbanos y/o rurales) si bien pueden cumplir con la documentación legal requerida, elaboran propuestas por “lotes” que pueden incluir desde galletas varias, hasta lácteos y frutas naturales; La cuestionante surge cuando se consideran las empresas/ofertantes que pueden tener la capacidad real de proveer TODO lo que se exige y presentar una propuesta real o que como sucede en la mayoria de los casos, recurren a subcontrataciones de empresas o productores menores, lo que provoca en algún caso, perder la trazabilidad de los alimentos desde el origen hasta el consumidor final.
El acceso a datos para un posible oferente ya sea un productor de la comunidad a zonas aledañas de las areas urbanas o empresas grandes y medianas, es limitado en todos los casos, no se conocen las bases, conceptos teóricos y publico al cual ira dirigido el producto (en algún caso escasamente se tiene la cantidad exacta de raciones), menos exigir que la información este relacionada a las edades, zonas, genero y otros que podrían facilitar el desarrollo de productos mas adecuados.
Muy pocos son los municipios que mantienen o tienen en linea el acceso a TODA la documentación del proceso desde el inicio, incluyendo la invitación inicial pero también los procesos de calificación y los resultados que permitan cono oferente poder hacer un análisis y mejora de las propuestas, ni tampoco el impacto en el publico final (alumnos) de los productos comprados en las gestiones anteriores.
En resumen no “datos abiertos” en este caso no se refiere tan solo al cumplimiento de tramites y llenado de formularios o cumplimiento de fechas, el impacto y la medicion gradual es muy importante para lograr el objetivo inicial del programa que es “mejorar el nivel de alimentacion” de los escolares.