Encuentro que cualquier proceso, que al ser implementado dote de mayores garantías de que los recursos públicos son bien utilizados y que prevalece la transparencia, es un proceso que debe ser aplicado de manera urgente y obligatoria.
Se podrían considerar a algunos Gobiernos Municipales como “pruebas piloto” en la aplicación de las contrataciones abiertas para ir implementando el estándar a nivel nacional. Esto además de asegurar transparencia, coadyuva a la labor de distintas organizaciones de la sociedad civil que buscan datos para sistematizarlos, interpretarlos y demandar de manera informa cambios a nivel público.
Es viable la aplicación de los criterios de las contrataciones públicas en el modelo boliviano, siempre exista voluntad política clara y compromiso para el ejercicio del derecho al acceso a la información, a la competencia libre y competitiva y al desarrollo planificado del país. El marco jurídico es adecuado para su implementación.
Asimismo, el estándar de las contrataciones públicas ofrece un soporte completo a los Estados que quieran aplicarlo, ya que se encuentran disponibles las herramientas y soportes para implementar de manera exitosa el estándar.
Por otro lado, le éxito de este modelo, contrataciones abiertas, depende de asegurar que todos los ciudadanos tienen acceso de manera igualitaria a plataformas virtuales, que poseen las habilidades de uso y que por ello, el estándar no significaría una nueva brecha de diferenciación y desigualdad.
En términos generales considero que las fases de planificación, licitación, adjudicación y contratación son fases que no implicarían mayor complejidad pero sí la fase de implementación, resulta delicada ya que puede ser objeto de acciones irregulares, la extrema exposición de información en un país tan informal como el nuestro podría ser mal utilizada. Estos extremos debieran ser regulados de manera precisa para evitar éste o cualquier otro riesgo que menoscabe el ejercicio de algún derecho.
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