Podríamos decir que las normativas existente en el país quedan en papeles nominales ante los cuales las instancias gubernamentales encuentran resquicios para vulnerar la norma y atender otro tipo de intereses, en el peor de los casos vinculados a corrupción o los famosos diezmos. En este sentido, sin duda se trata de acciones muy desleales con las y los productores locales y sus propios municipios porque estos serían quienes salen afectados. También podríamos considerar en algún sentido los requisitos que se exigen para la postulación y adjudicación que posiblemente sean otra traba en este intento, ante esta situación y la inexistencia de proveedores legalmente establecidos, en algunos municipios no queda otra opción que buscar en otros espacios o productores mas grandes que sí cumplan estos requerimientos administrativos.