Considero que en primer lugar se debe cambiar la mentalidad de las personas en general en este caso específicamente de las autoridades de turno, considerando que con esta implementación, se transparentan los procesos de contratación, y se verían afectados “intereses personales”, relacionados con la corrupción, tráfico de influencias y otros. En la parte técnica, el proceso de ajuste de normativa, capacitación de profesionales, creación y acceso a plataformas, socialización a la población en general del uso y beneficio (generar la necesidad del uso o demanda), demoraría unos 10 años al menos, en caso de declararse como una prioridad nacional, unos 5 años, (pero es poco probable que este sea el caso).